Se inicia diálogo entre Ministerio de Medio Ambiente y trabajadores de CONAF por cuestionamientos a Ley de Biodiversidad

En las oficinas del Ministerio del Medio Ambiente tuvo lugar la primera reunión entre los trabajadores de CONAF (agrupados en FENASIC y SINAPROF) y el titular de la cartera, Pablo Badenier, a propósito de los fuertes cuestionamientos al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, más conocido como Ley SBAP.

La instancia, recomendada por los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, fue evaluada positivamente por los dirigentes sindicales. De acuerdo a Erry Leiva, presidente de la FENASIC, “fue una reunión de acercamiento. Esperamos poder avanzar y construir confianzas con el ministro para poder constituir la mesa paralela de trabajo mandatada por el Senado”.

La Ley SBAP forma parte de los compromisos de campaña de Michelle Bachelet en cuanto a medio ambiente. Es por eso que, en palabras de Leiva “para nadie es un misterio que aquí hay un compromiso político, de que el proyecto SBAP va sí o sí. Lo que a nosotros nos cabe ahora es intentar que el proyecto se confeccione de buena forma y no vaya en desmedro de los trabajadores”.

 A los cuestionamientos por falta de diálogo se refirió el ministro Pablo Badenier: “Hemos tenido una reunión sincera, donde los trabajadores de CONAF y guardaparques nos han expresado sus críticas por un proceso prelegislativo poco participativo. Nosotros nos hemos comprometido a una relación más fluida y a constituir la mesa de trabajo comprometida con el Senado”.

En tanto, los profesionales de CONAF agregaron que la iniciativa ahora está en manos del Poder Ejecutivo: “Fue una primera reunión con el ministro Badenier, nos hubiera gustado que ocurriera mucho antes. Ahora es el ejecutivo, el ministro de Medio Ambiente y el ministro de Agricultura, junto a la Dirección de Presupuestos, el que tiene que cumplir el acuerdo”, señaló el dirigente Manuel Soler.

Cabe recordar que, a juicio de los trabajadores de CONAF, la ley pasa a llevar convenios internacionales como el Convenio de Washington, el Convenio 169 de la OIT y estaría vulnerando sus derechos laborales al no asegurarse la carrera funcionaria y los derechos adquiridos. Además, de acuerdo a organizaciones ambientalistas como la Fundación Terram, ni el presupuesto ni el personal dispuesto en el proyecto posibilitarían una real protección de la biodiversidad.