Sólo el reajuste de 7,5% que plantearon los trabajadores implicaría unos US$ 1.800 millones. En cambio, oferta del Gobierno de alza salarial de 2,9% alcanzaría cerca de US$ 698 millones.

Fuente: La Tercera

Cerca de $ 2,7 billones (unos US$ 4.125 millones), aproximadamente 1,7% del PIB, sería el costo fiscal si el gobierno accede al petitorio entregado por la mesa del sector público para la negociación del reajuste de este año. Así lo señala un documento elaborado por el Ministerio de Hacienda y que fue entregado a los dirigentes de los trabajadores y algunos parlamentarios. 

“La cifra equivale a la inversión hospitalaria considerada en el programa de gobierno para los años 2014-2018”, señala el texto, y añade que representaría unas 2,5 veces el total de recursos destinados al Sistema de Pensión Solidaria que incluye tanto la Pensión Básica Solidaria (PBS) como el Aporte Previsional Solidario (APS).

El 23 de agosto la mesa del sector público entregó a las carteras de Hacienda y Trabajo un petitorio en el cual solicitan un reajuste salarial de 7,5% nominal, además de un alza en las remuneraciones mínimas, bonos, ampliación del seguro de cesantía, entre otros. 

El pasado viernes, sin embargo, el gobierno planteó a los trabajadores un reajuste nominal de 2,9%, lo que correspondería, en términos reales, a un reajuste salarial de -0,2% considerando la proyección de inflación del Banco Central hacia diciembre de 2017 (3,1%).

Sólo en el caso del alza de remuneraciones, Hacienda calcula que un incremento de 7,5% significaría un desembolso de $ 1,2 billones, unos US$ 1.800 millones. 

Usando la misma metodología, es posible estimar que el incremento planteado por el gobierno para los salarios (2,9%) implicaría un costo de $ 464 mil millones (US$ 698 millones). 

A modo de referencia, cabe recordar que la reforma para la gratuidad en la educación superior alcanza un costo estimado por el gobierno en 1,58% del Producto. 

En la misma línea, el monto total del petitorio es más del doble de los cerca de US$ 1.800 millones que significaría un alza de 3% anual en el presupuesto del próximo año, respecto del monto de US$ 60 mil millones estimado en el erario 2016.

En relación al bono postlaboral, los trabajadores demandan que se elimine la pensión de vejez líquida máxima y el requisito de tener 20 años de servicio al 5 de diciembre de 2008. Además, solicitan que se incremente el bono mensual a un monto de $ 120 mil. Esta medida, según Hacienda, tendría un costo de $ 300 mil millones.

Rechazo

Ayer la mesa del sector público reiteró su molestia frente a la propuesta del Ejecutivo. En las dependencias de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los  representantes de la mesa catalogaron la oferta como insuficiente. “La respuesta ha sido insuficiente en todos los planos, hay materias que por años han estado sobre la mesa, que tienen que ver con cobertura y otras materias que hoy día nuevamente han recibido un portazo por parte de la autoridad”, dijo la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.

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Como “inaceptable”, calificaron la propuesta inicial no solo en términos del “deficiente y magro” reajuste salarial del 2,9% ofrecido por el Ejecutivo sino también, respecto de la respuesta al conjunto de las demandas contenidas en el petitorio de la Mesa del Sector Público (MDP) que agrupa a 15 gremios de trabajadores y trabajadoras del Estado.

Fuente: Cut.cl

“La propuesta inicial que presentó el Gobierno el viernes pasado, ha sido evaluada como inaceptable por parte de las 15 organizaciones de la Mesa del Sector Público. No solo en términos económicos sino que también respecto del conjunto  de las demandas planteadas en el pliego en materias  laborales, sociales, derechos colectivos e igualdad de oportunidades. El Gobierno ha puesto a la negociación en un punto, absolutamente, muerto”, señaló el vocero de la MSP y consejero de la CUT, Carlos Insunza.

Sin embargo, el dirigente, precisó que “en estas condiciones, la Mesa es evidente que va a persistir en buscar un camino de negociación. La mesa tiene disposición de diálogo. Es  importante encontrar un acuerdo  pero un acuerdo que esté centrado en los intereses y demandas de los trabajadores”.

Insunza advirtió que si el “Gobierno no corrige drásticamente su propuesta inicial” y no se abre al diálogo frente a las demandas del sector, “la movilización será el camino, y esperamos que el Gobierno si no reacciona por la buena, tendrá que reaccionar por la mala”.

El pliego de negociación, además de solicitar un reajuste salarial del 7,5%,  contiene las demandas económicas y laborales, de nivelación y universalización de derechos y beneficios, así como aquellas que resultan transversales al conjunto de las y los funcionarios públicos. Entre ellas la continuidad de la implementación del protocolo de acuerdo 2014; la cobertura universal y directa de la negociación con financiamiento fiscal; así como un Estado empleador que garantice trabajo decente, donde se erradique la precarización del trabajo (honorarios).

En tanto, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, calificó como “bastante deficiente y magra”, la respuesta al conjunto del pliego de la MSD.

“Acá, no solo hay un pronunciamiento, a nuestros ojos como Central Unitaria de Trabajadores, respecto del bajo reajuste propuesto por el Ejecutivo que no se hace cargo de los errores cometidos en la negociación anterior, donde fue el mismo Gobierno el que estableció un reajuste mezquino y que por lo tanto era evidente, a todas luces, que en esta negociación la demanda del sector público no solo iba a incorporar la reajustabilidad de salarios para hoy, sino que también hacerse cargo del poder adquisitivo perdido. Hablar de un 7,5% entonces, no estaba ni por sobre ninguna expectativa, y además responde a que por la vía de mejores remuneraciones los trabajadores públicos podemos contribuir al dinamismo de la economía, y al desarrollo de un crecimiento con mayor celeridad a lo que hoy enfrentamos”, dijo Figueroa.

Es por ello, agregó que “evaluamos de manera negativa y con un pesimismo, aprendido ya con esta administración, lo que fue la respuesta del reajuste, pero ciertamente que en eso no radica el problema principal. Aquí, no ha habido una respuesta suficiente en todos los planos. Hay materias que por años se han sostenido por parte de la Mesa, que hoy nuevamente han recibido un portazo por parte de la autoridad, y creemos que a estas alturas, cuando el Ejecutivo no es capaz de permitir una justa remuneración y equilibrio para los trabajadores, es del todo urgente que las materias que tienen que ver con estabilidad laboral y otros, sean atendidas en una proporción que se haga cargo de las demandas del sector”.

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Considerando inflación proyectada (3,5%) la oferta equivale a -0,6% real. Dirigentes tildaron la oferta de "mezquina".

Fuente: La Tercera

Molestos. Así se retiraron los representantes de la mesa del sector público luego de que el gobierno entregara una oferta 2,9% nominal a la solicitud de reajuste salarial de 7,5% solicitada el pasado 23 de agosto por los trabajadores del sector público.

La cifra, en términos reales, corresponde a un reajuste salarial de -0,6%, considerando que la proyección de inflación del Banco Central para este año es de 3,5%. “Estamos partiendo desde el subterráneo, con una propuesta que es inferior a lo que el Banco Central dice que va a haber de inflación para este año (...) pero no hay que amargarse, continuaremos trabajando”, sostuvo Raúl de la Puente a la salida de la reunión.

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, se mostró molesta con la oferta, la cual tildó de mezquina. “El gobierno nos entregó una respuesta mezquina a nuestra solicitud de reajuste. Su oferta no consideró el resto de las materias que contemplaba nuestro petitorio. Nuestra solicitud no tuvo una respuesta decente”, planteó la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.

La cita en Teatinos 120 contó con la presencia de los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y Trabajo, Ximena Rincón, además de Bárbara Figueroa; el presidente de la Anef, Raúl de la Puente; el coordinador de la mesa del sector público, Carlos Insunza, y representantes de las 15 organizaciones que conforman la mesa. Tras la cita, Figueroa y De La Puente dijeron que llamarán a manifestaciones para acompañar este proceso.

Este año, los trabajadores decidieron adelantar las conversaciones para evitar que éstas coincidieran con el despacho del presupuesto para el próximo año, y así “tener un mayor marco de negociación”. Sin embargo, señalaron luego de la reunión que  “sus esfuerzos no tuvieron muy buenos resultados”.

“La oferta del gobierno es una declaración de guerra sindical. Desde el año pasado sabíamos que esta iba a ser una negociación más dura. Por eso nosotros ya estamos preparados para enfrentar procesos de movilización. Con esta propuesta se muestra que sólo son unos pocos los que pueden ganar más “, afirmó el presidente de la Confusam, Esteban Maturana. 

El petitorio que entregaron este año solicitaba, también, incluir al estamento profesional al mecanismo de fijación de remuneraciones mínimas que rige para auxiliares, administrativos y técnicos, solicitando los siguientes ingresos mínimos: Auxiliares ($ 380.000); Administrativos ($ 420.000); Técnicos ($ 450.000); y Profesionales ($ 850.000). 

Frente a la negativa respuesta por parte del Ejecutivo, la presidenta de la CUT afirmó que las 15 organizaciones que forman la mesa del sector público se juntarán para construir una contraoferta el próximo miércoles, la cual entregarán al Ejecutivo el viernes 23 de septiembre. “Nosotros continuaremos negociando hacia arriba”, afirmó.

En 2015 los trabajadores solicitaron un reajuste de 8%, pero sólo lograron 4,1% y un bono por término de conflicto de $ 70 mil.

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La ley empezó a regir desde el 1 de diciembre. Se materializan el aumento salarial de un 4,1% y los respectivos aguinaldos y bonos. Este reajuste fue ampliamente rechazado por las organizaciones sindicales del sector público.

La Ley 20 883 de reajuste del sector público 2016 ha sido publicada este miércoles 2 de diciembre en el Diario Oficial y ha comenzado a regir desde el 1 de diciembre. De esta forma se materializan los reajustes, bonos, aguinaldos y otras materias contenidas en la norma.

El reajuste salarial para los trabajadores públicos quedó establecido en un 4,1% nominal y se instauró un aumento de un 9% para las rentas brutas mínimas (los sueldos más bajos de Administrativos, Auxiliares y Técnicos).

A su vez, los aguinaldos y bonos tuvieron un alza de un 4,1% y quedaron fijados en dos tramos. El primero es hasta las remuneraciones líquidas (se incluye asignaciones permanentes) menores a $687.060 y el tramo 2 abarca a sueldos superiores a este monto y hasta los $2.275.183.

Es así como el aguinaldo de navidad es de $51.421 y de $27.200, para el tramo 1 y 2 respectivamente, y el bono de vacaciones quedó en $104.100 para el tramo 1 y de $72.870 para el tramo 2.

Existe un bono de fin de conflicto de $71.000, pero está destinado solamente para los trabajadores del Estado del tramo 1.

Finalmente, volver a subrayar que la ANEF junto a todas las organizaciones sindicales de la Mesa del Sector Público rechazan este reajuste y la forma como el gobierno condujo está negociación.

Fuente: Comunicaciones ANEF 

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El proyecto presentado a la Cámara de Diputados contempla un incremento de sólo un 4%, y excluye a las altas autoridades. Además, establece un aumento de las remuneraciones de los funcionarios de menores rentas y define montos de aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias y otros beneficios.

"A pesar de los esfuerzos de ambas partes, en esta ocasión no fue posible alcanzar un acuerdo con la Mesa del Sector Público". Así reza el texto de ley ingresado por el Gobierno a la Cámara de Diputados para tramitar el reajuste de las remuneraciones del Sector Público, luego de lasinfructuosas negociaciones con las 15 organizaciones que representan a los trabajadores de la administración del Estado.

El texto propone un reajuste salarial de un 4% para los funcionarios, cifra que es rechazada por la mesa del sector público, que desde ya anunció paralizaciones para conseguir que el Gobierno eleve su oferta durante la tramitación parlamentaria.

Acá, el detalle de lo fundamental del proyecto ingresado a la Cámara:

• El proyecto por primera vez, no será aplicable a las altas autoridades del país, entre ellas: la Presidenta de la República, los Ministros de Estado, los parlamentarios los subsecretarios, los intendentes, el presidente de la Corte Suprema, los ministros de la Corte Suprema, el fiscal de la Corte Suprema, el contralor General de la República ministros del Tribunal Constitucional, el presidente del Consejo para la Transparencia, el Fiscal Nacional y el Director Ejecutivo Nacional del Ministerio Público.

• Aumenta las remuneraciones de los funcionarios públicos de menores rentas. "Se propone una remuneración bruta mensual mínima de $331.700, para auxiliares; de $369.150, para administrativos; y de $392.690, para técnicos, lo que representa incrementos de 7,0%", precisa al texto.

• Establece un Aguinaldo de Navidad de $51.372 para aquellos funcionarios cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre del 2015, sea igual o inferior a $686.400 y de $27.174 para aquellos cuya remuneración líquida supere a tal cantidad, a esa misma fecha.

• El Aguinaldo de Fiestas Patrias para el año 2016, será de $66.144 para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de agosto del año 2016 sea igual o inferior a $686.400 y de $45.915 para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad.

• Como es tradicional, el proyecto de ley incluye otra serie de beneficios sociales, como el bono de escolaridad; aporte a los servicios de bienestar; aporte a los establecimientos de educación superior para los beneficios sociales incluidos en esta ley para sus trabajadores; y bonificación de nivelación.

• La iniciativa también concede a los pensionados del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº 16.744, a los pensionados del sistema establecido en el DL 3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal, pensionados del sistema establecido en dicho decreto ley que se encuentren percibiendo aporte previsional solidario de vejez, y a los beneficiarios de pensiones básicas solidarias de vejez un bono de invierno de $57.298 a pagarse en mayo de 2016.

• La propuesta incluye una bonificación extraordinaria para enfermeras, matronas, enfermeras-matronas y otros profesionales de colaboración médica.

• La propuesta establece un bono de vacaciones ($104.000, para los trabajadores con remuneración líquida igual o inferior a $686.400; y $72.800, para aquellos con remuneración líquida que supere tal cantidad y no exceda de los $2.272.997)

• Establece montos diferenciados de aguinaldos y bonos para quienes perciben asignación de zona; y consagra el derecho a un feriado aumentado de cinco días hábiles para regiones extremas del país, entre otros varios beneficios y normas.

• Otorga Bono por Desempeño Laboral a los asistentes de la Educación que indica. por una sola vez y su valor será de $253.552 para los asistentes de la educación que, obtengan el 80% o más del valor del indicador general de evaluación. En el caso de aquellos asistentes de la educación que obtengan un resultado menor al 80% pero superior al 55%, el bono que percibirán será de $194.022. Cuando el resultado del índice general de evaluación sea igual o inferior al 55%, el bono será de $148.824.
Fuente: La Nación

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