Los abogados de ANEF y ANFACH habían presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un Recurso de Apelación en contra de la resolución dictada por el Tribunal Laboral por prácticas antisindicales contra el Director del Servicio.

Por: www.sindical.cl

Fuerte revés sufrió decisión del Tribunal de Letras del Trabajo de Valparaíso que, después que se declarara incompetente ante la demanda interpuesta por Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (ANFACH) por prácticas antisindicales contra el Director del Servicio, deberá dar tramitación correspondiente para determinar la naturaleza de los hechos.

La abogada demandante, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Alejandra Miranda, apeló en la Corte de Apelaciones, y el fallo unánime fue que los Tribunales Laborales debían resolver las prácticas antisindicales denunciadas por la ANFACH, porque el procedimiento es también aplicable a las Asociaciones de Funcionarios Públicos.

Después de las movilizaciones y paro de funcionarios y funcionarias de Aduanas efectuadas entre el 24 de mayo y el 02 de junio del 2017, la ANFACH interpuso ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso una demanda por prácticas antisindicales contra el Director Nacional de Aduanas, Claudio Sepúlveda Valenzuela, quien aplicó contra los trabajadores movilizados medidas de represalia con anotaciones de deméritos injustificadas y amenazas de despidos contra el personal a contrata.

Un mes después, el mismo Tribunal Laboral decide no dar curso a la demanda indicando que los antecedentes y los documentos acompañados daban cuenta de una demanda de prácticas antisindicales en contra de un órgano público, declarándose incompetente para abordar estas materias.

Ante esto, y en base a la jurisprudencia existente, los abogados de ANEF y ANFACH presentaron ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un Recurso de Apelación en contra de la resolución dictada por el Tribunal Laboral dando como resultado de ello, que el día 3 de Enero de 2018, la Corte de Apelaciones de resolviera que: “Según lo dispuesto en el artículo 1° inciso tercero del Código del Trabajo (…) Se declara que se deberá dar la tramitación correspondiente, a la demanda de autos, reservándose para su estudio de fondo la cuestión de determinar la naturaleza y efectividad de los hechos, así como el ámbito hasta donde resulte aplicable la legislación sobre protección sindical, a la entidad pública de que se trata”.

El presidente de la ANEF, Carlos Insunza, señaló que: “El fallo nos alegra profundamente y da cuenta de que la jurisprudencia de los tribunales, en términos de acoger y tramitar las denuncias por prácticas antisindicales que ocurren en los servicios públicos, pero en el marco general de los convenios internacionales suscritos en materia de libertad sindical por el Estado y la aplicación general de las normas del código del trabajo, da cuenta de la consolidación de un proceso de lucha para defender el ejercicio sindical de los y las trabajadores del Estado”.

En tanto, el presidente de la ANFACH, Marcelo Reyes, indicó: “La Corte acogió nuestro recurso de apelación y por lo tanto el Tribunal Laboral de la misma región va a tener que tramitar y desarrollar el juicio que ANFACH interpuso en contra del Director Nacional de Aduanas por prácticas antisindicales, que se efectuaron producto de las movilizaciones que se desarrollaron durante el año 2017. Estamos absolutamente conformes, porque el Tribunal Laboral, sí puede ver causas de los funcionarios públicos, situación que en principio la había negado”.

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Los funcionarios presentaron una denuncia en el Juzgado Laboral de Santiago. Dicen que la situación ha derivado en "constantes licencias médicas" y necesidades de traslado y adecuación de personal.

Por: www.cooperativa.cl

Funcionarios del Ministerio Público recurrieron a la justicia laboral acusando "malos tratos" y "prácticas anti sindicales" por parte del fiscal nacional, Jorge Abbott, y de José Luis Pérez Calaf, jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.

Los trabajadores acusan a Abbott de incumplir compromisos adquiridos en tribunales laborales el año pasado, mientras que, en el caso de la Fiscalía Occidente, denuncian "maltrato sicológico" por parte del jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, Antonio Lupayante.

"Hemos presentado dos reclamos formales contra Antonio Lupayante, jefe de Finanzas de la Fiscalía Regional Occidente: asumió en septiembre de 2016 y, desde eso, se han suscitado cuatro renuncias de funcionarios, constantes licencias médicas de los mismos funcionarios que trabajan en la unidad", señaló el dirigente Fabio Trujillo.

"Por este descalabro, y como desarticuló esa unidad y hay constantes malos tratos a los funcionarios, la Fiscalía Regional se ha visto en la necesidad de enviar a funcionarios de otras unidades", agregó Trujillo, quien preside la asociación de trabajadores de la Fiscalía Occidente.

La presidenta de la Federación de Trabajadores del Ministerio Público, Paulina Ruiz, afirmó que la Justicia ha constatado despidos indebidos, y exige una mayor fiscalización de la Contraloría.

La jefatura de la Fiscalía "no debiera tener tantas facultades, debería tener limitaciones y un control externo: me cabe la duda de qué otro funcionario de Estado tiene tantas facultades y tantas potestades como el fiscal nacional. Lamentablemente eso ha ido en perjuicio de los funcionarios del Ministerio", indicó Ruiz.

Desde las organizaciones también esbozan que hay falta de competencia en algunos jefes de recursos humanos y las direcciones ejecutivas de las fiscalías regionales, al ser designados como cargos de confianza y no por concurso público

Desde la Fiscalía no quisieron referirse públicamente a estas acusaciones.

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Contratos terminados pese a cumplir metas mínimas de renovación, sindicato sin cuota sindical y hostigamiento a los trabajadores por sindicalizarse son las dificultades que han tenido que sortear los trabajadores en medio de una negociación colectiva en la que, acusan, no han podido aún sentarse a discutir las demandas de fondo.

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Perplejidad. Esa fue la reacción que tuvo Salvador Tripallan, dirigente del Sindicato Nacional de la Isapre Nueva Más Vida, cuando hace unos días se enteró de que su empresa había sido premiada por ASIMET por su excelencia en desarrollo organizacional. Sorpresa, porque para él “mientras los premian públicamente, por detrás están despidiendo gente”.

 Y es que, a su juicio, la tónica de la última negociación colectiva que tienen con la compañía ha sido conflictiva. Primero, porque al presentar el proyecto de negociación el empleador objetó a seis trabajadores, ya que estaban finiquitados. “De ellos dos firmaron finiquitos, así que no los podíamos defender. Dos que estaban con contrato a plazo fijo, y no los pudimos incorporar y dos que recuperamos, que estaban con contrato indefinido”, explica el dirigente.

 Los trabajadores que estaban con contrato a plazo fijo fueron finiquitados el 30 de noviembre, pese a cumplir las metas (alcanzar las 16UF mensuales), requisito que según una cláusula de la empresa permite renovar contrato: “La empresa jugó, vulneró los derechos de muchas personas que cumplieron con las metas y vendieron mucho más que el contrato. Los finiquitaron solo por el hecho de estar sindicalizados”, indican.

 Además denuncia: “En el contrato de trabajo hay una cláusula de comisión por cobranza.

Esta se va a pagar al cuarto mes. Dice que si el empleador pone término al contrato de trabajo por la causal que fuera, el trabajador automáticamente no puede hacer reclamo de esas comisiones. Es un acuerdo unilateral puesto por el empleador, y esas personas en el cuarto mes comenzaban a recaudar, y el empleador puso término al contrato, por ende, pierden las comisiones, no se las van a pagar. Es un robo, contratan a personas por tres meses y al cuarto mes las finiquitan y se quedan con todas las comisiones por recaudación”.

 Junto con esto, están las “prácticas desleales”, ya que no les hicieron los descuentos correspondientes a la cuota sindical, lo que detuvo el financiamiento del sindicato, vital en época de negociación colectiva: “No las descontaron porque según ellos no les habíamos mandado en el tiempo que correspondía. Según ellos cerraban el 18, pero ese día fue sábado, por ende, se las mandé el lunes 20. En ocasiones anteriores les había mandado la nómina el 20 e incluso el 22 y no habían puesto objeción”, señala.

 Ante esto hicieron el reclamo a la Dirección del Trabajo, donde les señalaron que el empleador debía efectuar sí o sí los descuentos cuando se lo enviaron, sin objeción, “ya que el plazo en que nosotros les enviamos fue cinco días antes, por ende no lo hicieron porque no quisieron, y esa es una práctica desleal”, comenta Tripallan.

 Otra de las denuncias que se suma tiene que ver con antecedentes que les han llegado sobre hostigamiento a los trabajadores con el fin de abandonar el sindicato, bajo la “amenaza” de no renovarles contrato. “Nos están llegando cartas de renuncia legalizadas ante notario. Tenemos información de que los supervisores están diciendo que vayan al notario a renunciar. Nosotros no podemos grabar los testimonios donde nos cuentan esto sin la autorización de los trabajadores, y ellos no van a querer ser grabados porque no quieren tener problemas, pero ante estas acusaciones estamos evaluando ir a tribunales”.

 Para el representante estas prácticas solo buscan “desmembrar el sindicato, sobre todo en un proceso de negociación colectiva. Lo que quieren es quitarnos fuerza”.

 En cuanto a las demandas, estas piden un aumento de un 150% del IPC cada seis meses, seguro de vida para los trabajadores en terreno, seguros complementarios y de salud para los ejecutivos de venta y para los administrativos bonos extraordinarios, de alimentación y de locomoción. Todas ellas fueron negadas sin explicación, por lo que el sindicato tuvo que acudir a la Dirección del Trabajo a hacer una reclamación, en la que además pidieron el estado financiero de la empresa, ya que les habían dado una copia poco legible.

 En respuesta, el organismo obligó a la Isapre Nueva Más Vida a entregar estos documentos y también a fundamentar las razones por las cuales rechazaban el pliego de peticiones de los trabajadores.

 Así las cosas, los empleados y la empresa tendrán una nueva oportunidad de negociación este jueves, donde harán ver estas “irregularidades” y por primera vez podrán discutir las demandas.

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Estas irregularidades fueron constatadas en instancias anteriores a la negociación colectiva, razón que les permitió ganar el juicio por prácticas antisindicales.

Fuente: Sindical.cl

La presidenta del sindicato, Carolina Guerra, relató que antes de la presentación del petitorio para la última negociación colectiva, la empresa comenzó a generar varias charlas entorno a la Reforma Laboral y en las cuáles se manifestó a los trabajadores que si negociaban iban a perder beneficios.

“Se comenzaron a desafiliar trabajadores, porque no estaban dispuestas a negociar”, aseguró la dirigenta, quien además añadió que esta es la primera de cinco prácticas antisindicales, entre las que se destacan escuchas telefónicas y reemplazo interno en huelga”

Finalmente, Guerra destacó que luego de 58 días en huelga han ganado unidad y que es probable que la empresa no se quede de brazos cruzados frente a esta denuncia. “Es probable que ellos vayan a la Corte de Apelaciones”, sentenció la trabajadora. 

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