El giro tributario del caso lucro que puso en la mira a todas las universidades del grupo Laureate

Planteles de la transnacional son investigados por la Fiscalía y el Mineduc
Al no estar tipificado el delito de lucro, la Fiscalía de Ñuñoa indaga fraudes tributarios por parte de las doce universidades investigadas por burlar la ley que impide hacer negocios con la educación superior. En este marco, el fiscal Carlos Gajardo envió antecedentes de los tres planteles de Laureate al Servicio de Impuestos Internos para que este pueda iniciar acciones legales por la supuesta evasión de impuestos en que incurrieron las instituciones al traspasar decenas de millones de dólares a su grupo controlador.


El Mostrador
A fines de marzo, el fiscal jefe de la Fiscalía de Ñuñoa, Carlos Gajardo, y el fiscal adjunto del caso, Pablo Norambuena, informaron al Servicio de Impuestos Internos (SII) de una serie de irregularidades que detectaron en el funcionamiento de las universidades pertenecientes al grupo transnacional Laureate. Los fiscales, a cargo de la investigación por lucro contra doce instituciones de educación superior del país, entregaron la información al SII para que este investigue. A su vez, el Servicio les solicitó una copia de la carpeta investigativa.

Según indican fuentes de la Fiscalía, los persecutores están en la obligación de entregar antecedentes al SII cuando detectan irregularidades en el pago de tributos al Fisco. La información coincide con el giro que dieron hace algunos meses los fiscales Gajardo y Norambuena en su investigación, luego de que se percataran que el delito de lucro no está tipificado en la legislación, por lo que sería imposible sancionar a las instituciones involucradas, aunque se comprobara que durante los últimos años han retirado utilidades para traspasarlas a las sociedades que las controlan.

Por ello, ahora la investigación está centrada en detectar posibles fraudes tributarios como consecuencia del traspaso de ganancias a los dueños de los planteles.


Según el fiscal Carlos Gajardo, “para investigar delitos tributarios, es necesario que el Servicio de Impuestos Internos presente denuncias. Lo que sí hemos hecho cuando detectamos algo sospechoso, es informárselo al SII”. Y aunque Gajardo declinó entregar más antecedentes, fuentes de la Fiscalía confirmaron que los datos de las universidades Andrés Bello, De Las Américas y de Viña Del Mar ya están en manos del Servicio de Impuestos Internos.

Se trata de la primera vez que la Fiscalía entrega antecedentes al SII en el caso lucro, y también la primera vez que el organismo reacciona a la información y solicita la carpeta investigativa. Antes, los fiscales habían enviado antecedentes relacionados con las irregularidades en la acreditación de una serie de planteles mientras estaba a cargo de la CNA el cuestionado Luis Eugenio Díaz, el otro caso que tienen en sus manos. Pero esa vez no tuvieron respuesta por parte del Servicio.

En el Servicio de Impuestos Internos señalan que la investigación está a cargo del Departamento de Investigación de Delitos Tributarios, comandado por Ditzel Carrasco, administrador público que trabaja hace 14 años en el organismo, y que lo más probable es que la indagatoria finalice con una querella por delito tributario, si es que se comprueban las irregularidades detectadas por la Fiscalía.

Por el momento, el SII está autorizado a investigar lo ocurrido con el pago de tributos de las tres universidades desde el 2011 en adelante, pero, si se detecta la comisión de algún delito, se puede ampliar el período a investigar y los fiscalizadores del Servicio podrían solicitar antecedentes del 2008 a la fecha. Esto, según lo establece el artículo 200 del Código Tributario.

LOS SOSPECHOSOS TRASPASOS A LAUREATE
En total, las universidades del grupo Laureate le han enviado a su grupo controlador más de US$80 millones, sólo considerando la actividad financiera entre el 2011 y 2013. Los recursos han sido justificados por la compra de servicios educacionales –como cursos de inglés y softwares administrativos– y el uso de la marca.

En el caso de la Universidad Andrés Bello, un informe de la auditora Price Waterhouse Coopers (PWC), que analizó la actividad financiera de 2011 y 2012 del plantel y que fue entregado por la misma universidad al Ministerio de Educación como parte de su estado financiero, dio cuenta del traspaso de más de $17 mil millones –cerca de US$32 millones–, a diversas sociedades del grupo Laureate, como: Laureate Chile II SpA, Laureate TBV y Laureate Education Inc.

A Laureate Chile II SpA le depositó $1.028.298 millones el 2011, y $816.038 millones el 2012, bajo el concepto de “servicios administrativos”. A Laureate TBV, $14.954.978.000 millones en total bajo los ítems “transferencia técnica e intelectual” y “servicios académicos”. Y a Laureate Education Inc. $532.974 millones por “servicios administrativos”.

El informe de la auditora consigna que “las transacciones entre entidades relacionadas se realizan a valores de mercado, los que son evaluados permanentemente por tasadores independientes”. La administración anterior del Ministerio de Educación estableció que si los traspasos se realizaban a valores de mercado no había ningún problema, pero la nueva arista tributaria del caso asumida por la Fiscalía sí tomó en cuenta estos datos, considerando que las universidades podrían haber burlado el pago de tributos en las transacciones.

A fines del año pasado, el rector de la UNAB, Pedro Uribe, señaló a El Dínamo que los traspasos se hicieron bajo toda norma, y en esa época resaltó que el fiscal Gajardo no había realizado acusación alguna: “El Fiscal no ha hecho una denuncia, lo que está diciendo es que hay algunos insumos que uno obtiene de Laureate, y que son insumos educacionales como bibliotecas en red, cursos de inglés e intercambio de estudiantes. Nosotros miramos y nos interesamos. Fue el caso de los cursos de inglés con licencia Cambridge, por ejemplo, que compramos a Laureate e implementamos”.

El rector defendió las operaciones: “Indudablemente, si nosotros compráramos ese curso directamente en Cambridge, nos saldría más caro. No se están retirando excedentes por ninguna vía, lo que nos dan la posibilidad a nosotros es de comprar algunos servicios a precios más convenientes”, dijo.

La auditoría de PWC da cuenta, además, del traspaso de recursos a una serie de sociedades, pertenecientes al grupo y provenientes de todo el mundo. La diferencia es que en estos casos se trata de préstamos que van y vienen, por tanto, no son traspasos definitivos de dinero. Los nombres más destacados que aparecen son: Universidad de Las Américas Ecuador, Universidad del Valle de México SL, Universidad Privada del Norte SAC, UNITEC Honduras, Laureate Internacional Costa Rica SRL, Walden University LLC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, SAC y Universidad Europea de Madrid SL, entre otras. Revisa la auditoría de la UNAB de 2010 y 2011 aquí, y aquí la del 2012.

Lo mismo ocurre con la Universidad de Las Américas, también de propiedad del grupo Laureate. En diciembre la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI le entregó al fiscal Gajardo un informe que daba cuenta del traspaso de US$18 millones desde la UDLA hacia Laureate. Los nombres de las sociedades involucradas se repiten.

En 2011, la universidad pagó $1.102.531 millones a Laureate TBV por “traspaso técnico e intelectual” y $2.991.403 millones por “servicios educacionales”. En 2012 las cifras fueron de $1.412.024 millones y $3.781.816 millones, respectivamente. A Laureate Education Inc., le transfirió $123.070 millones en 2011 por “servicios de administración” y $28.771 millones el 2012 por el mismo concepto, según consta en los estados financieros de la universidad auditados por PWC. Revisa aquí la auditoría 2010 y 2011, y aquí la del 2012.

El traspaso de recursos de la Universidad de Las Américas a Laureate ya había sido objetado por la Comisión Nacional de Acreditación y por el Consejo Nacional de Educación, cuando ambos organismos debieron estudiar la solicitud del plantel para reacreditarse, opción que no consiguió a pesar de apelar hasta las últimas instancias.

“No es evidente que estos servicios sean claves para la sustentabilidad de la universidad, radicándose un mayor problema, en este caso, en el hecho de que la institución estaría destinando parte importante de sus recursos a cuestiones que no aportan sustantivamente al servicio educativo o a servicios que están siendo subutilizados y que podrían ser dirigidos a otros fines necesarios, como por ejemplo, incrementar la planta docente”, señala el informe del CNED que justificó la no acreditación de la universidad, cuando se refiere a los traspasos de recursos.

Después que el organismo enviara estos antecedentes al Ministerio de Educación, este inició una investigación propia sobre estas transacciones, la que también se amplió a la Universidad Andrés Bello.

En el caso de Las Américas, la pérdida de su acreditación y las investigaciones que diversos organismos públicos llevan en su contra, generaron un remezón entre sus autoridades administrativas. El viernes pasado se supo que el rector José Pedro Undurraga renunció a su cargo, el que desde ahora será ocupado por la ex vocera del primer gobierno de Michelle Bachelet, la PPD Pilar Armanet, quien hasta ahora ejercía como vicerrectora académica del plantel. Además, se supo de la renuncia a la junta directiva del DC Genaro Arriagada, ex ministro Secretario General de la Presidencia en el gobierno de Eduardo Frei; y de quien presidía esa instancia, el presidente del Consejo Nacional de Televisión, Herman Chadwick, primo de Sebastián Piñera y hermano del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Y aunque no es indagada aún por el Mineduc –según explican en el Ministerio, porque no ha debido someterse al proceso de reacreditación, por lo que sus antecedentes no han sido revisados ni por la CNA ni por el CNED–, la Universidad de Viña del Mar (UVM), la más pequeña de las tres del grupo Laureate, también presenta traspaso de recursos a su controlador.

Según la auditoría de PWC, entre 2010 y 2012 la UVM pagó más de US$15 millones a Laureate, a través de las mismas sociedades utilizadas por la UNAB y la UDLA: Laureate TBV, Laureate Education Inc., Laureate Chile II SpA.

Además de los traspasos, la auditoría de PWC da cuenta de un préstamo hecho por Laureate a la UVM por US$6.958.311, a través de PSEAC (Post Secundary Education Acquisition Corporation), otra de las sociedades ligadas al grupo transnacional. SÓlo entre 2011 y 2012, la universidad ha pagado $359 millones en intereses.

Cuando en diciembre El Dínamo relató en detalle los traspasos de recursos de la UVM a Laureate, la institución respondió a través de un comunicado que aseguraba que “respecto a los servicios prestados por entidades relacionadas al gestor de UVM, la Universidad decide optar por aquellos que sean adecuados y convenientes para su proyecto educativo. Cada servicio por sí mismo es respaldado por un contrato, además de estar sujeto a evaluaciones constantes y periódicas en su desempeño, lo que asegura que éstos sean eficaces para el logro del desarrollo del proyecto institucional. Como política de nuestra institución, todos los servicios contratados, ya sea a entidades relacionadas como a terceros, se realizan a precios de mercado”. Revisa aquí la auditoría de PWC sobre la UVM 2010 y 2011, y aquí la del 2012.

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