Abogados de la UC llegarán a subsecretarías del Trabajo y de Previsión Social

Por: 4 Ojos Comunicaciones.

Fernando Arab y María José Zaldívar formaron parte del gobierno anterior de Sebastián Piñera y son especialistas en temas laborales.


Experiencia técnica y política es lo que privilegió el presidente electo a la hora de designar a los subsecretarios de Trabajo y Previsión Social, consigna hoy el Diario Financiero tras las nominaciones de subsecretarios que ayer anunció Sebastián Piñera.

Fernando Arab es abogado de la Universidad Católica de Chile y director de la Academia Laboral del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios. Tiene 36 años y además es socio de Morales & Besa Abogados.

Arab ocupó el mismo cargo para el que ahora fue designado, entre 2013 y marzo del 2014 durante el anterior mandato del presidente electo. Además, en la última campaña presidencial integró el equipo laboral de Piñera.

A través de Twitter y tras la presentación de los subsecretarios, el futuro Ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg expresó que Arab “es un gran abogado, muy preparado y con sincera vocación al diálogo y a los acuerdos”.

En respuesta y a través de la misma red social, Arab agradeció los elogios de Monckeberg, afirmando además, que asumirá el desafío “con responsabilidad” y que espera formar “un gran equipo” junto al próximo titular de la cartera.

En cuanto a la próxima subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldivar, también es abogada y licenciada en Historia de la de la Universidad Católica e hija del ex senador de la Democracia Cristiana, Adolfo Zaldívar.

Zaldívar se desempeñó como fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social entre 2006 y 2010, y posteriormente encabezó dicha institución entre 2010 y 2014, en el primer gobierno de Piñera.

Según consigna DF, en el plano académico es docente del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Escuela de Derecho de la PUC y en la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD).

La próxima subsecretaria además, es gerente general de la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (Ciedess), entidad que se dedica al estudio de temas relacionados a la seguridad social.

A su turno, Nicolás Monckeberg señaló que Zaldívar “será una gran Subsecretaria, es una mujer muy preparada, reconocida transversalmente y con mucha vocación de servicio. Trabajaremos en equipo, para sacar adelante una buena reforma previsional”.
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Negociación colectiva pondrá a prueba a grandes empresas del país durante este año

Por: 4 Ojos Comunicaciones.

Dos mil empresas están habilitadas para negociar colectivamente con sus respectivos sindicatos durante este año, de acuerdo a un calendario de la Dirección del Trabajo al que tuvo acceso el Diario Financiero (DF).


Dentro de este listado destacan empresas clave de sectores como la minería, AFP, Transporte, Servicios Básicos, Salud, Comercio, Educación e Industria Alimentaria; y según DF, varias de estas firmas estarán en la mira de los expertos debido al alto grado de conflicto de sus negociaciones en años anteriores, incluidas huelgas.

Minería


Este sector contempla 33 negociaciones colectivas durante 2018. Nueve de ellas corresponden a Codelco y sus diferentes divisiones, entre ellas El Teniente.

Una de las negociaciones más esperadas, se producirá en la minería privada y es la que deberá enfrentar Minera Escondida con su sindicato único. Ello, porque la minera cerró su último proceso en marzo de 2017, tras la huelga más larga de la minería en Chile (44 días), acogiéndose al artículo 369 del Código del Trabajo, lo que le permitió al sindicato prorrogar la vigencia del contrato colectivo anterior por un plazo de 18 meses.

También deberán dialogar con sus trabajadores este año, Minera Lumina Copper, Minera Esperanza, Minera del Pacífico, Minera Los Pelambres, Codelco, CAP, entre otras.

AFP

Capital fue la primera AFP en negociar colectivamente con sus trabajadores en 2018 y por estos días busca terminar la negociación en la que está con uno de sus sindicatos. En cuanto a sus servicios mínimos, la Dirección del Trabajo (DT) le otorgó una dotación de 48 personas en caso de huelga.

Otra de las firmas del rubro que deberá negociar este año es Habitat. Este proceso ha generado bastante expectación en la industria debido a que el anterior en 2014 fue muy complejo, cuando los trabajadores de la firma realizaron una huelga de 32 días y que finalizó con los empleados acogiéndose al artículo 369 del Código del Trabajo, para prorrogar el contrato colectivo anterior. De acuerdo a la DT, les correspondería comenzar a negociar en mayo.

Transporte terrestre y aéreo

Varias de las empresas ligadas al sistema de transporte público Transantiago, ya solicitaron a la Dirección del Trabajo la calificación de servicios mínimos en caso de huelga, resoluciones que por estos días estarían siendo analizadas por la entidad fiscalizadora. Es el caso de SuBus y Buses Vule.

Alsacia, Express, y Turbus son otras firmas de transporte terrestre que enfrentarán negociaciones colectivas. Mientras que LAN Cargo y American Airlines, son algunas de las aerolíneas que tendrán que llegar a acuerdos con sus sindicatos.

Electricidad, gas y agua.

Colbún, Essbio, ENAP, Abastible, Copec y Gasco, entre otras, son las empresas de servicios básicos que también deberán enfrentar acuerdos laborales en 2018.

Sin embargo, corresponden a empresas estratégicas -firmas cuyoos sindicatos no tienen derecho a huelga-, por lo que si bien sus trabajadores pueden negociar colectivamente con su empleador, no tienen derecho a realizar una paralización de sus funciones.

Salud

En el ámbito de Salud, varias clínicas enfrentarán procesos de negociación colectiva y en el caso de la Clínica Vespucio, el sindicato deberá comenzar a negociar a finales de abril, ya que su contrato colectivo caduca el próximo 30 de junio de 2017. Desde la organización sindical señalaron que la empresa contratará a trabajadores a plazo fijo para “reducir” los posibles efectos de una movilización.

Respecto a las Isapres, 2018 será un año de negociaciones para Consalud, Isapre Colmena e Isapre Fusat. El proceso en Colmena genera expectativas en el sector, puesto que en 2015 los trabajadores paralizaron tras no llegar a un acuerdo con la firma.

Comercio

En este sector, Unimarc fue una de las primeras empresas en comenzar su negociación. Ésta ha despertado interés debido a que la Inspección del Trabajo de La Serena había registrado un convenio colectivo entre la firma y un grupo negociador. Pero días después la DT se retractó.

Otras negociaciones de este año son las de Falabella Retail, Multitiendas Corona, Supermercados Unimarc, Ripley Store, Supermercados Super 10, La Polar y Jumbo.

Educación

14 al menos, son las universidades deberán negociar colectivamente. De acuerdo a lo informado por la DT, la U. de Los Andes y la UC del Maule lograron acordar con sus sindicatos los servicios mínimos en caso de huelga. Por su parte, en los casos de Inacap y la Universidad Central, fue la DT quien debió emitir una resolución.

Sin embargo –advierte la información de DF-, la negociación de la UCM con sus dos sindicatos se encuentra paralizada y actualmente el tema se encuentra en la justicia, “ya que la entidad señaló que no puede negociar debido a la prohibición del inciso 3 del artículo 304 del Código del Trabajo, el cual establece que las entidades en que el Estado haya financiado en más de un 50% sus presupuestos en forma directa no pueden negociar colectivamente”.

Industria alimentaria

Carozzi deberá negociar y definir, al menos, tres contratos colectivos durante este año.

Este caso llama la atención de los analistas, ya que la última gran negociación de la empresa multinacional fue en 2014, cuando cerca de 1.400 trabajadores pertenecientes al área de producción y envasado de la planta de San Bernardo se fueron a huelga por una semana. La movilización finalizó tras un acuerdo que incluyó un bono de término de conflicto de $ 560.000 para cada trabajador, además de mejoras en sus remuneraciones.

Finalmente en este sector productivo, otras empresas que enfrentarán negociaciones colectivas, reajustes salariales y otros beneficios con sus sindicatos son: Nestlé, Sopraval, Cecinas Winter, Industria de Alimentos Dos en Uno, entre otros.
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Corte de Apelaciones de Santiago rechazó recurso de grupo negociador


Por: 4 Ojos Comunicaciones.


Es segunda vez desde la implementación de la Reforma Laboral, que el tribunal de alzada se pronuncia respecto a un instrumento colectivo celebrado con grupos negociadores.



La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el recurso de protección presentado por 37 trabajadores que conforman el grupo negociador de la Empresa Tubos y Plásticos Tigre -ADS de Chile Limitada y que solicitaba dejar sin efecto la negativa de la Inspección Comunal del Trabajo (ICT) Norte Chacabuco, en cuanto a registrar el instrumento colectivo suscrito con la empresa.

Este hecho, invalida cualquier convenio que se firme entre un grupo negociador y la empresa, estableciendo únicamente la legitimidad de convenios colectivos acordados por los sindicatos y su contraparte.

En su edición del pasado 17 de febrero, La Tercera consigna que la sentencia de la Corte, estima que el accionar de la ICT Norte de no registrar el acuerdo entre este grupo negociador y la empresa como un contrato colectivo legal “no contiene arbitrariedad ni ilegalidad, sino por el contrario este se encuentra dictado con apego a la legislación vigente (…). Además, al no constituir el instrumento o acuerdo del grupo de trabajadores un instrumento colectivo, no corresponde a la Inspección registrarlo”.

La Corte agrega que el instrumento que se pretendía registrar no se rigió por ninguna de las normas mínimas del Libro IV (Código del Trabajo). “Además, el registro en sí mismo no produce ningún efecto jurídico, por cuanto los derechos, obligaciones y limitaciones de la negociación colectiva tienen su origen en el propio Libro IV, por lo que no estima vulneradas ninguna de las garantías constitucionales que invocan los recurrentes”.

Frente a la sentencia, la DT manifestó que “la Corte de Apelaciones desestimó el recurso presentado por el grupo de trabajadores estimando que la actuación de la DT no es arbitraria ni ilegal”.

La Tercera sostiene que si bien esta noticia sería positiva para los sindicatos que entre sus demandas históricas han levantado la de terminar con los grupos negociadores, el dictamen igualmente queda en una zona de “incertidumbre” para próximas sentencias. Esto porque hace sólo dos meses la misma Corte de Apelaciones había dictaminado totalmente lo contrario.

El 6 de diciembre pasado la 12° Sala del tribunal de alzada de Santiago acogió un recurso de protección ingresado por un grupo de trabajadores de la firma Servicios Generales Maper Limitada, que obligó a la Dirección del Trabajo a registrar el instrumento colectivo celebrado entre la firma y dicho grupo negociador, conformado por 13 trabajadores.

En dicha ocasión, la misma ICT Norte se negó a registrar tal instrumento, argumentando que “la Ley 20.940 (Reforma Laboral) no contempla norma alguna que establezca o permita establecer modalidad o procedimiento de la negociación colectiva que puedan practicar aquellos trabajadores agrupados para estos efectos”.

Consultado por La Tercera, Juan Vergara, asesor sindical y miembro de Prosindical, indicó que la diferencia de criterios de ambos dictámenes “se explica porque lo que resuelva una Sala no es vinculante para otra. En lo casuístico, la decisión sobre una materia varía conforme cambian los magistrados que deben abordarla”. Para el asesor aquí radica el problema de fondo: “el choque de visiones muy conservadoras con otras más progresistas sobre el Derecho Colectivo del Trabajo y el rol que deben tener los sindicatos en el modelo de relaciones laborales, en el contexto de una sociedad democrática”, subraya.

Advierte también, que en la reforma laboral existen vacíos para determinar la legitimidad de los instrumentos colectivos celebrados por los grupos negociadores. “Debido al recorte que hizo el Tribunal Constitucional (a la Ley), efectivamente tenemos algunas disposiciones que hablan de grupos negociadores y acuerdos de grupo negociador, pero sin que exista una sola norma que disponga cómo se deben constituir y negociar, a diferencia de lo que existía antes”, sostuvo Vergara.
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En Comisión Mundial de la OIT Gobierno presentó primeras cifras de la Reforma Laboral

Por: 4 Ojos Comunicaciones.

Entre el 15 y el 17 de febrero el Ministro de Desarrollo Social y el Subsecretario del Trabajo participaron en Ginebra en la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, donde presentaron las primeras cifras y resultados de la implementación de la Reforma Laboral.


Convocada por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, esta comisión busca realizar un examen a fondo del futuro del trabajo, que sirva de base analítica para cumplir con el mandato en materia de justicia social en el siglo XXI.

Con el auspicio de Naciones Unidas, la cita analizó las problemáticas del empleo, "a fin de presentar una evaluación independiente que proponga vías para asegurar trabajo decente y sostenible para todos", señala la OIT en su sitio web. Las conclusiones del estudio serán discutidas en 2019, durante la Conferencia por el centenario de la OIT.

En la reunión internacional participaron representando al Gobierno chileno, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, y el Subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, quienes presentaron los primeros datos sobre la experiencia de la implementación de la Reforma Laboral.

El Subsecretario Díaz resaltó que la OIT valorara el nivel de acuerdos colectivos generados por la nueva normativa. "Lo que más ha llamado la atención es que los escepticismos, miedos y prejuicios que muchas veces inundaron la discusión, se ven desmentidos por las primeras cifras, mostrando importantes grados de acuerdo, importantes grados de aplicación de la nueva normativa", expresó la autoridad a radio Bío Bío.

Respecto de los dichos del Subsecretario, la vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Amalia Pereyra, comentó también a Bío Bío que es muy prematuro para evaluar el impacto real de la reforma y aunque destacó sus aspectos positivos, sostuvo que "se avanzó no todo lo que queríamos: negociación colectiva interempresas, limitar los grupos negociadores y derecho a la información".

En relación con la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, ésta la componen 28 integrantes quienes profundizan en el examen de los llamados mega factores de cambio (tecnología, demografía, cambio climático y globalización) sobre el universo laboral. La comisión también pondera cuestiones específicas, entre ellas la situación de las mujeres y los jóvenes en el mercado de trabajo, la importancia de la educación y las competencias, y la relación entre pobreza, desigualdad e informalidad en el universo laboral.

La presidenta de Mauricio, Ameenah Gurib-Fakim, y el primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, asumen de manera compartida el liderazgo del equipo, cuya primer debate tuvo lugar en octubre de 2017.

Las labores de la comisión marcan la segunda fase de una iniciativa presentada hace varios años por el director general de la OIT, Guy Ryder, lo que condujo en un primer momento a diálogos nacionales y subregionales.

Ryder dijo a Prensa Latina que "es de capital importancia que enfrentemos estos desafíos con la convicción que el futuro del trabajo no está determinado de antemano. Es un futuro, insistió, que nosotros debemos forjar según los valores y prioridades que elijamos y a través de las políticas que formulamos y ponemos en práctica".
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DT de La Serena deja sin efecto resolución en que validaba convenio de grupo negociador

Por: 4 Ojos Comunicaciones

La Inspección del Trabajo de La Serena acogió un recurso de reposición de sindicato y desconoció valor de instrumento colectivo a acuerdos de grupo negociador.

Sólo una semana alcanzó a estar vigente una resolución de la Inspección del Trabajo de La Serena sobre uno de los puntos más controvertidos de la Reforma Laboral: el reconocimiento a los grupos negociadores.

La autoridad en un principio reconoció el valor de instrumento colectivo a los acuerdos suscritos con estos grupos (Rendic Hermanos S.A., sociedad que opera los supermercados Unimarc), razón por la que, a su juicio, esos trabajadores no pueden formar parte del proceso de negociación iniciado por el sindicato, pues estos 62 trabajadores formaron parte de grupos negociadores constituidos antes de la Reforma Laboral.

Días después, la misma Inspección echó pie atrás y acogió el recurso de reposición del sindicato, desconociendo el valor del instrumento colectivo a un acuerdo del grupo negociador.

Si bien el proyecto original de la Reforma Laboral suprimía los grupos, el Tribunal Constitucional los reconoció y les dio un estatus similar al de los sindicatos. Aun así, la reforma no quedó con una regulación expresa para estos grupos negociadores.

Según un dictamen de la Dirección del Trabajo, los acuerdos de grupo no tienen naturaleza de instrumento colectivo, por lo que sus trabajadores podrían en paralelo negociar como parte de un sindicato. Dicha interpretación abrió conflictos en sede administrativa y judicial. Con ello se reconoció el valor de instrumento colectivo a los acuerdos suscritos con estos grupos, razón por la que a juicio de la DT esos trabajadores no podían formar parte del proceso de negociación iniciado por el sindicato.

Pero el pasado lunes 12, la Dirección del Trabajo de La Serena dio marcha atrás a la resolución de primera instancia, lo que implica desconocer el valor de instrumento colectivo del acuerdo de grupo negociador e incluye en la negociación colectiva vigente con la supermercadista a 62 socios del sindicato que estaban afectos a convenios suscritos por grupos constituidos antes de la entrada en vigencia de la ley N°20.940.

Al respecto, el director subrogante de la Dirección Nacional del Trabajo, Rafael Pereira, explicó que en el examen del recurso de reposición se comprobó que los convenios de grupo negociador cuestionados, no cumplían con los requisitos formales para ser calificados como instrumento colectivo. "Esa negociación exigía una asamblea ante un inspector del trabajo para elegir la comisión negociadora, luego la respuesta del empleador y la aprobación de la última propuesta del empleador también en una asamblea realizada ante un inspector del Trabajo. Chequeados los antecedentes, aparecía la primera asamblea de elección de la comisión negociadora, pero no se verificó la existencia de la asamblea que aprobara ante el inspector del Trabajo la última propuesta del empleador. Dado que no se cumplían los requisitos del 314 bis, ese acuerdo no tiene la naturaleza de un instrumento colectivo, sino que tiene sólo los efectos equivalentes a un contrato individual de trabajo. Eso llevó a acoger la reposición y el planteamiento del sindicato', dijo.

La autoridad subrogante añadió que la última resolución no admite una nueva revisión en sede administrativa, por lo que ahora “las partes tienen el derecho de acudir a tribunales”. Por otra parte, descartó que este caso tenga efectos respecto de otros acuerdos de grupos de trabajadores celebrados después de la entrada en vigencia de la Reforma Laboral.

El asesor sindical Juan Vergara señaló a El Pulso, que si bien la última resolución de la DT es una buena noticia para el sindicato y los trabajadores afectados, 'se elude la discusión de fondo sobre la naturaleza jurídica 'actual' de los convenios de grupo negociador celebrados antes de la vigencia de la Reforma Laboral para verificar, en cambio, si acaso se cumplieron los requisitos que exigía la ley al momento de su celebración, lo cual no será una solución en los casos que el convenio haya sido válidamente celebrado'.

Caso paradigmático en la Corte Suprema


En su edición del pasado lunes, El Pulso consigna que la Dirección del Trabajo está en una instancia clave sobre este tema, en el plano judicial. En diciembre pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó que un instrumento de un grupo es válido para ser inscrito como convenio colectivo en los registros del organismo. El organismo fiscalizador llevó el caso hasta la Corte Suprema con un recurso de apelación.

El requerimiento está siendo analizado por la tercera sala del máximo tribunal, que se especializa en materias constitucionales y se espera que en las próximas semanas se conozca la resolución. Consultado sobre el impacto que podría tener esta causa en la jurisprudencia del servicio, el director subrogante de la DT, Rafael Pereira, expresó que “las sentencias tienen un efecto relativo, sólo se aplican al caso particular del que se trate, una sentencia de la Suprema no implica un cambio de doctrina de la Dirección del Trabajo”.

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Columna de opinión critica centralismo en proyecto de Servicio Nacional Forestal

El abogado y profesor del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, César Ladrón de Guevara, criticó en una columna publicada en El Mostrador, Nuevo Servicio Forestal: el centralismo no afloja, que el proyecto de Servicio Nacional Forestal, radique la dirección nacional de éste en la ciudad de Santiago.

Según Ladrón de Guevara, en el segundo trámite constitucional del proyecto de ley que crea el Servicio, “se desaprovechó la oportunidad de haber hecho una real contribución a la descentralización del país, por la vía de fijar la sede del dicho servicio en una ciudad distinta a Santiago. Es de esperar que en lo que queda de tramitación legislativa los parlamentarios reflexionen sobre el punto”.

A continuación, se refiere a los orígenes de CONAF, afirmando que “más allá de que algunas de sus tareas las desempeña de manera razonablemente eficiente, desde sus inicios la CONAF ha sido una anomalía jurídica e institucional que ha causado controversia en el ámbito de la Administración del Estado, precisamente por tratarse de una corporación de derecho privado a la cual sucesivamente se le ha entregado el ejercicio de potestades públicas en el ámbito de los recursos forestales. De ahí que a lo largo de los años ha habido varios intentos legislativos por transformar esta corporación de derecho privado en un servicio público creado por ley”.

Más adelante, el columnista recuerda que hace diez años el Tribunal Constitucional exhortó a la presidenta de la República “para que regularice la naturaleza jurídica de la CONAF, procediendo a la dictación del Decreto Supremo a que se refiere….la Ley Nº 18.348, publicada el año 1984, o empleando otro medio constitucionalmente idóneo que el Gobierno estime adecuado.” Lo anterior en el contexto del control de constitucionalidad de la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (N° 20.283).

Ladrón de Guevara sostiene que “una década después de la sentencia del Tribunal Constitucional, la autoridad interpelada no ha cumplido el mandato del TC, la anomalía jurídica e institucional permanece vigente y la corporación de derecho privado sigue ejerciendo potestades públicas”.

Para el abogado y profesor, el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal es un “último intento por subsanar la naturaleza jurídica de la CONAF” y “al que se le otorga la naturaleza jurídica de servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. A reglón seguido, en lo que ya constituye un automatismo legislativo cada vez que se crea un nuevo órgano público, el texto del proyecto establece que “El domicilio del Servicio será la ciudad de Santiago”, con lo cual se está refiriendo desde luego a su Dirección Nacional”.

Ladrón de Guevara critica esta decisión, señalando que hay algunas preguntas que es válido formularse “¿Es estrictamente necesario que el domicilio de la dirección nacional del servicio forestal que se viene creando tenga que estar en la ciudad de Santiago? ¿Es acaso la región metropolitana de Santiago el centro de la actividad forestal del país? Si la actividad forestal se desarrolla principalmente entre el Maule y Los Ríos, ¿no es acaso esta una magnífica oportunidad para que la autoridad haga una contribución efectiva a la descentralización del país y tome la decisión política-legislativa de establecer la sede de la dirección nacional del servicio forestal en Concepción, o en Temuco, o en Valdivia? ¿Hasta cuándo seguiremos escuchando discursos en favor de la descentralización mientras al mismo tiempo se toman decisiones políticas que desmienten la sinceridad de dichos discursos?”

A renglón seguido, César Ladrón de Guevara considera conveniente que los poderes colegisladores revisen la experiencia del Instituto Antártico de Chile, INACH, que desde su creación en 1963 hasta el año 2003, funcionó con sede en Santiago. El columnista destaca la medida de trasladar dicha sede a Punta Arenas como “en lo que constituyó una decisión geopolítica de gran proyección para el país, se tomó la inteligente decisión de trasladar su dirección nacional a la ciudad de Punta Arenas. La instalación del INACH en Punta Arenas ha tenido un significativo impacto económico, académico, científico, turístico y cultural para la ciudad austral, que le ha permitido transformarse en una puerta de entrada hacia la Antártica para centenares de científicos y operadores antárticos de decenas de países”.

A continuación, el profesor  cita el ejemplo de la Unión Europea “hace ya varios años elaboró una directriz que establece que cada vez que se cree un organismo comunitario, cualquier ciudad europea (no países) podrá postular para ser la sede de dicho nuevo organismo, para lo cual tiene que competir y poner sobre la mesa las ventajas, atractivos o beneficios que la hacen elegible. En el fundamento de esta directriz hay varias razones, pero de manera especial subyace un principio de equidad territorial”.

El columnista termina su artículo preguntándose si al momento de discutir el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal “¿Alguno de los parlamentarios de las zonas forestales del país habrá pensado en esto?”.
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2017 registró el promedio más bajo en seis años de ocupados que dicen cotizar para AFP y Salud

Por: 4 Ojos Comunicaciones

La nueva composición del empleo, sería la clave de este fenómeno, según los expertos, pues se han creado muchas plazas de trabajo por cuentas propias o informales, para las cuales no es obligatorio destinar una proporción de su ingreso a protección social.


Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, de los casi 10,5 millones de afiliados al sistema de AFP, solo 5,3 millones están cotizando.

De acuerdo a lo que consigna El Mercurio en su edición de este lunes 12, el cambio de composición del empleo que se ha exhibido el último tiempo, también está generando modificaciones en el comportamiento de ahorro previsional de las personas.

Cifras del INE revelan que, en promedio, el año pasado la proporción de ocupados que declara cotizar para su vejez y para salud llegó a mínimos desde 2011. De hecho, de los más de ocho millones de ocupados, menos de cinco millones ahorran para su pensión y destinan el 7% a Fonasa o isapres.

De este modo, del total de personas empleadas -en cualquier tipo de ocupación- el porcentaje de quienes cotizaban para la AFP llegó en 2017 a un promedio de 58,8%. En tanto, quienes lo hacen para salud ascendían a 59,5% de los más de ocho millones de trabajadores.

Ese número es consistente con un cambio en la composición del empleo, de acuerdo a lo que indica el ex superintendente de Pensiones e Isapres, Alejandro Ferreiro: "hemos tenido una cierta disminución de los empleos dependientes, con contrato, y un aumento de los empleos por cuenta propia, lo que podríamos llamar informales. La tasa de desempleo se ha mantenido relativamente constante, pero hay un cambio de composición y hemos perdido empleos de buena calidad, con contrato y protección de seguridad social, que se han compensado con formas de trabajo que son más informales, por cuenta propia, sin protección y eso se refleja en las cifras", dijo.

El economista y miembro de la Comisión Bravo, Andras Uthoff, subrayó que la encuesta de empleo del INE es representativa de toda la población y, por ende, de trabajos no solo formales. "Lo más probable es que haya aumentado la ocupación informal y de independientes, y estos hasta ahora prefieren no cotizar al sistema, ya sea por vulnerabilidad del empleo o falta de credibilidad en el sistema".

A su turno, Juan Bravo, economista de Clapes UC, aseguró que este cálculo se da con los trabajadores dependientes que sí cotizan respecto del total de trabajadores, porque a los independientes no se les pregunta si cotizaron o no. Sin embargo, manifestó que "cerca de la mitad de los empleadores sí cotiza y en torno a un 10% de los cuenta propia también lo hace".

Según El Mercurio, fuentes de la industria previsional, a su vez, explican que las personas muchas veces postergan la cotización para la vejez porque lo ven como algo lejano, mientras siguen haciendo esfuerzos para pagar su 7% en un plan de isapre, cuyo uso es más inmediato.
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¿Estamos mejor preparados para los incendios forestales?



Por: 4 Ojos Comunicaciones.

21 mil hectáreas de superficie forestal incendiada es la cifra que maneja Conaf respecto de esta temporada estival. Un número notablemente menor al del año pasado, que llegó a las 560 mil hectáreas.

Los meses de enero y febrero de 2017 tuvieron como protagonistas a los incendios forestales en la zona centro sur de Chile, que se transformaron en la emergencia forestal más grande de nuestra historia.

Un año después, Pablo Lobos, gerente de protección contra incendios forestales de la Conaf, dice que se ha avanzado, pero aún queda bastante en la concientización de la población.

El directivo explica a Diario UChile que “los incendios han disminuido muy poco en cuanto a cantidad. Lo que ha bajado considerablemente es la superficie afectada, no así el número de siniestros. Por ejemplo, hasta este jueves llevábamos casi 3.500 incendios y el año pasado llevábamos 3.700. El  promedio del quinquenio pasado fue también de 3.700 incendios, por lo tanto, no es considerable la baja en ocurrencias. La gente sigue provocando incendios, a pesar de las campañas y de lo ocurrido el año pasado”, afirma.


Aun así, la gran disminución en las superficies afectadas es de enorme valor para los bosques de Chile. Las causas de ello, según Lobos, son varias.

Por un lado, las condiciones meteorológicas de esta temporada han sido más benignas: “Si bien hemos tenido episodios de alto riesgo, han durado tres o cuatro días, para posteriormente darse a la baja producto de la vaguada costera y otros fenómenos”, afirma Lobos.

El ingeniero forestal añade que el factor climatológico no es una variable que explique la disminución por sí sola y, en ese sentido, piensa que Conaf aprendió las lecciones que dejaron los incendios del año pasado, aumentando su eficiencia.


“Nosotros utilizamos la estrategia de cubrir más territorio. Necesitábamos llegar más rápido a las zonas afectadas. Teníamos un promedio de llegada a los incendios cercano a los 20 ó 30 minutos. Ahora nos reforzamos con más flota aérea, lo que ha ayudado a bajar los tiempos considerablemente”, explica a Diario Uchile.


Es así que a esta altura, el año pasado, ya habían sido declarados 139 incendios de magnitud, es decir, sobre las 200 hectáreas, mientras que en lo que va del 2018 solo se han registrado 18.

En otro orden, se ha mejorado prevención, con la construcción de cortacombustibles y el trabajo que han mantenido con actores de las comunidades locales, tales como municipios, Bomberos, Fuerzas Armadas, el mundo privado y las empresas forestales.


El alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, considera muy favorables las condiciones ambientales actuales y, en contrapartida, critica en parte el trabajo que se ha hecho con los municipios para enfrentar los incendios forestales.

Concretamente, el edil apunta sus cuestionamientos a la tardanza, asegurando que si hoy ocurriera un incendio, la gente no sabría cómo enfrentarlo.

“La teoría debió haber sido en invierno, para poner en práctica todo lo que se dice desde diciembre. Yo creo que ha sido mucha teoría. Se está trabajando en conjunto, eso no lo puedo negar, pero si se dieran las condiciones quizás tendríamos una tragedia similar a la del año pasado en localidades como San Ramón y en la zona sur de Constitución”, advierte.
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216% suben denuncias de trabajadores migrantes por vulneración de sus derechos laborales

Las denuncias de migrantes experimentaron una fuerte alza entre 2014 y 2017, de acuerdo a cifras de la Dirección del Trabajo.

En 2014 hubo 2.589 acusaciones, cifra que cada año ha aumentado en aproximadamente mil reclamos. Sin embargo, en 2017 esta tendencia experimentó un alto crecimiento, ya que se registraron 8.192 denuncias, lo que equivale a un alza del 216% con respecto a 2014.
Consecuentemente con ello, las multas a empresas también se han incrementado. Es así como en 2014 se cursaron 363 sanciones, mientras que en 2017 las amonestaciones llegaron a 1.385, lo que supone un aumento de 310%.
Eduardo Thayer, presidente del Consejo Consultivo de Migraciones, afirma que “hay un crecimiento de denuncias que no es natural, porque hay una vulneración de derechos” y añade, “al aumentar la migración, si no hay mecanismos para regular la inserción al mercado de trabajo, se va a incrementar esta vulneración”.
De acuerdo a los datos que la DT proporcionó al diario La Tercera, los sectores productivos donde el problema es más complejo son la construcción, el comercio y la agricultura, todas actividades donde habitualmente se registran más vulneraciones a los derechos de los trabajadores -independientemente de su nacionalidad-, mayores porcentajes de accidentabilidad y donde además, trabajan más personas migrantes.
La muerte del trabajador colombiano Sergio Hurtado Ponce – quien cayó desde una altura de 10 metros, mientras laboraba en la construcción de una casa que sería comprada por el futbolista Alexis Sánchez- sacó a la luz uno de los principales y más graves problemas que enfrentan los trabajadores migrantes en Chile.
Así lo demuestra el motivo principal de las denuncias presentadas en 2017 ante la DT: la ausencia de medidas de protección a la vida y la salud de los trabajadores. Esta causal registra además, el mayor aumento en los últimos tres años, con nada menos que un 915% de crecimiento.
“Si los entes fiscalizadores hubieran hecho su trabajo de manera activa, previamente, esa faena no hubiese podido seguir en esas condiciones o hubiese tenido que reparar las condiciones laborales en las que se encontraba el trabajador”, sentencia el director ejecutivo de Fundación Frê, José María del Pino, aludiendo a la muerte de Hurtado.
Consultado por la Tercera, del Pino añade que “no tenemos que esperar a que cuesten vidas para reaccionar. Yo creo que efectivamente ha faltado fiscalización por parte de las instituciones respecto a las condiciones en las que muchos migrantes están trabajando en nuestro país”.
Los migrantes que más han presentado reclamos el último año son los haitianos, con 1.987 denuncias; les siguen los trabajadores peruanos, con 1765; y en tercer lugar se ubican los trabajadores de nacionalidad colombiana, con 1640 reclamos.
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Industria forestal deberá pagar multas por 100 millones de pesos

Por: 4 Ojos Comunicaciones.

El programa de fiscalización a la industria forestal se desplegó a fines del año pasado en las regiones del Biobío, la Araucanía y los Ríos con el objetivo principal de reducir los accidentes en esta riesgosa actividad.


Las inspecciones de la Dirección del Trabajo, realizadas a fines de 2017, tuvieron como resultado un total de 117 multas por casi 100 millones de pesos.

Lo anterior ratifica las hipótesis que dieron origen a este control masivo a 61 empresas medianas. El 85% de las multas fueron motivadas por infracciones a normas de seguridad y salud laboral. Al respecto, cabe indicar que el 2016 la industria forestal registró 115 accidentes graves, con cinco operarios fallecidos.

El riesgo objetivo de esta actividad en la mayoría de sus procesos motivó a la Dirección del Trabajo a activar programas inspectivos a partir del año 2014, los que abarcaron las regiones del Biobío, la Araucanía y los Ríos.

Los fiscalizadores fueron reunidos en Valdivia para una capacitación que garantizara la homogeneidad de conocimientos técnicos y criterios inspectivos.

El control incluyó a empresas dedicadas al aserrío y astillado, como también a la producción de distintos elementos y productos. Tras dos meses de inspecciones, 35 de las 61 empresas fiscalizadas fueron multadas, concentrándose las sanciones de forma mayoritaria, en las faenas de aserrío.

El portal sindical.cl informa en su sitio web que, en total, las fiscalizaciones detectaron 245 infracciones, el 85% de las cuales corresponde a materias de seguridad. Dentro de éstas, con porcentajes cercanos al 29 por ciento, aparecen vulneraciones a normas generales y a materias específicas de seguridad de esta industria.

Las infracciones más recurrentes fueron la falta de señalizaciones en áreas de riesgo, la falta de protección contra agentes físicos y en el uso de maquinarias y la no entrega de elementos de protección personal y manejo de cargas.
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