Las dudas detrás del desastre de Quintero


En 2007, la Enap debió pagar más de $ 9 mil millones por su responsabilidad en el derrame de 500 mil litros de petróleo en la bahía de San Vicente, en Talcahuano. La amenaza de un episodio similar acosa a la estatal mientras avanza la investigación por el volcamiento de 22 mil litros de crudo en Quintero.

Es de madrugada. Van a ser las cuatro de la mañana y en la bahía de Quintero, en la Quinta Región, el mar está tranquilo. A lo lejos hay un buque de dos colores, rosa y verde. Si hubiera luz, se leería que con letras rojas está escrito “No smoking” en su parte frontal. Construido el 2006, el LR Mimosa transporta petróleo por el mundo. Tiene una capacidad de 56 millones de litros. Ha estado en los puertos de Estados Unidos, Gibraltar, Holanda y Egipto. Pero esa madrugada del miércoles 24 de septiembre, su destino es la localidad de Puchuncaví. Lo que iba a ser una habitual descarga de petróleo en las Refinerías de la Enap (Empresa Nacional del Petróleo), culminó con el buque bajo arraigo nacional, más de 600 pescadores indignados, una comunidad enardecida, investigaciones varias, aves muertas o malheridas y toda la bahía clausurada hasta nuevo aviso.

Un derrame cuya magnitud no es clara, cuyos responsables aún no se conocen y que por lo menos ya ha invadido 23 kilómetros de costa. Desde Quintero hasta Papudo.
Eliseo Jamett no esperaba que algunos lo responsabilizarían de uno de los derrames más dañinos de Quintero. Hace cinco años que se desempeña como práctico de la Dirección General del Territorio Marítimo. Es oficial de la Armada y tiene el grado de capitán de Fragata. Su misión esa madrugada fue asesorar al capitán del buque LR Mimosa, el filipino Gener Dimaculangan, en sus maniobras. De acuerdo a la querella criminal presentada por la Enap el 7 de octubre ante el Tribunal de Garantía de Quintero, fue una orden de Jamett -quien autorizó el retiro de uno de los remolcadores que mantenía la estabilidad del LR Mimosa mientras descargaba el petróleo, acción que se hace con la aprobación de Enap- la que desestabilizó al buque y provocó el corte de las amarras (espías) que ligaban al navío con la monoboya, desatando el derrame del crudo inicialmente evaluado en tres mil litros.
Otras aristas señalan que el práctico no se encontraba en la cabina supervisando la operación, sino en la popa, lo que le impidió detectar el momento en que las espías se rompieron. También se apunta a la vigencia de las espías -propiedad de Enap-, las cuales, a pesar de poder resistir varias toneladas, no lo hicieron y cedieron ante la presión del remolcador, que presuntamente no realizó ninguna maniobra excesiva que lo ameritara.
La Gobernación Marítima, que está a cargo de la investigación oficial para establecer las responsabilidades del derrame, ha optado por mantener silencio y no referirse a la querella que presentó Enap. Pero el miércoles 8, el vicealmirante y director general del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar), Humberto Ramírez, enfatizó que la autoridad marítima siempre provee a los buques con asesores (los “prácticos”), pero que la autoridad y responsabilidad sobre la nave corresponden en todo momento al capitán. Sin excepción.
La situación se complicó cuando la Enap, nueve días después de ocurrido el accidente, señaló que la cantidad de litros derramados no era de tres mil litros, sino de 22 mil. La modificación trajo dudas sobre las maniobras de contención, ya que el protocolo para enfrentar este tipo de tragedia y las multas para sus responsables son distintas. Según el Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, el derrame se califica como menor, mediano o mayor. Con la nueva estimación pasó a ser de grado mediano, que tiene sanciones hasta cinco veces mayores.
El error en la estimación desató -a su vez- tensiones en el gobierno, ya que el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier (DC), calificó la equivocación como algo “inentendible e impresentable” y apuntó a Enap, estatal que es presidida por el ministro de Energía, Máximo Pacheco (PS). Este último no ha emitido declaraciones sobre el tema.
Las ONG se sumaron a las críticas a la empresa y pusieron en tela de juicio su reacción frente al derrame, indicando que las labores de limpieza que se llevaron a cabo fueron insuficientes. “Enap, luego de siete días, reconoció que eran 22 mil litros, lo que me parece inaceptable, en primer lugar, porque la reacción que uno tiene frente a una u otra cantidad es distinta: la cantidad de gente que hay que contratar, los esfuerzos que se tienen que hacer”, dice el director ejecutivo de la organización internacional Oceana, el abogado Alex Muñoz. A su juicio, Enap es la principal responsable, ya que todas las acciones cometidas fueron parte de su operación.
También acusa que el “plan de emergencia” de la estatal ante estas catástrofes es insuficiente. Cuenta que visitó, junto con su equipo, la bahía de Quintero el día posterior al derrame -el día más importante en términos de contención-, y que quedó con un gusto amargo tras contemplar que en la labor de limpieza no visualizó a las 750 personas que Enap había informado que había en ese momento, sino un número mucho menor. “Mi impresión es que Enap salió a buscar a los contingentes de limpieza y contención luego de ocurrido el derrame y no estaban preparados con anticipación para un hecho de esta naturaleza, y la prueba está en que el primer y segundo día no había más de 20 personas en la playa limpiando, porque Enap no encontraba a las personas disponibles para contratar”. Según Muñoz, Enap, al ser una empresa petrolera, con riesgos evidentes de derrame, debería contar un staff especializado y exclusivo para estos sucesos, y no perder tiempo en contrataciones.
Marcelo Tokman, gerente general de Enap, dice que manejan un personal especializado capacitado y que constantemente tienen simulacros de este tipo. “Inmediatamente ocurrido el derrame contratamos a cuatro empresas especializadas para la contención y limpieza”, argumenta, y agrega que para las labores de limpieza tuvieron un peak de 1.200 personas.
Pero las críticas de Muñoz van más allá e incluso pone en duda que la empresa estatal cuente con una certificación ambiental internacional adecuada que valide que el procedimiento de descarga de petróleo que lleva a cabo sea la apropiada. “Uno le debería pedir muéstreme sus certificados que digan que esta operación tiene un estándar internacional de descarga de petróleo que es lo que se usa en todos lados, y no lo tienen”, argumenta.
Tokman, por su parte, dice que todas las operaciones y descargas de hidrocarburos deben tener su certificado de seguridad vigente, de otra manera la Autoridad Marítima los inhabilitaría.
El tema, en todo caso, ya llegó al Congreso, donde la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara acordó revisar la actuación de Enap.
La embestida revivió viejos fantasmas para la estatal, que en 2007 fue obligada a pagar $ 9 mil millones por su responsabilidad en el derrame de 500 mil litros en la bahía de San Vicente, en Talcahuano. Además de aún enfrentar demandas privadas con pescadores.
El desastre ecológico ya abarca 23 kilómetros de costa contaminados por el petróleo derramado el 24 de septiembre.

Fuente: La Tercera 12 de octubre 2014.

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